«Condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse», dijo Rodolfo Aguiar de ATE.
ATE criticó una polémica medida.
ATE arremetió contra el ministerio de Federico Sturzenegger. Rodolfo Aguiar tildó de «cruel e inhumana» la decisión de limitar a seis meses los contratos de empleados mayores de 65 años sin los aportes necesarios para jubilarse, denunciando la falta de estabilidad.
Según advirtió el dirigente sindical, esta medida «condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse». La denuncia apunta a que el Ejecutivo busca desprenderse de personal que, por diversas razones, alcanzó la edad jubilatoria pero no la cantidad de años de servicio requeridos por el sistema previsional.
«PUAM o la calle»
Aguiar fue contundente respecto al dilema que enfrentan los empleados estatales afectados: «En este momento, el Gobierno presiona a los trabajadores para que elijan entre una PUAM o la calle». Actualmente, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $279.443, una cifra considerablemente menor a un salario activo.
La resolución, firmada por el Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, establece que para solicitar la renovación de estos contratos —con el plazo máximo de 6 meses— se deberá adjuntar obligatoriamente la «constancia de intimación» a jubilarse.
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Sin excepciones por función crítica
Desde ATE alertaron que la normativa es rígida y no contempla excepciones lógicas, como las «razones de criticidad». Esto significa que la medida se aplicará incluso si el organismo cuenta con una dotación por debajo del mínimo necesario o si el trabajador es el único técnico con la experiencia y conocimiento para realizar una tarea específica.
«Esto nos pone frente a una nueva ola de despidos, en este caso de todos aquellos que están cerca de jubilarse. Esto no pasó nunca, no existen precedentes», disparó Aguiar, exigiendo que la decisión sea derogada inmediatamente por vulnerar el derecho constitucional a la previsión social.
Finalmente, el gremialista sumó al reclamo la amenaza latente de un recorte del 20% en la Jefatura de Gabinete y la falta de convocatoria a paritarias frente al deterioro salarial.