En Misiones hay un negocio inmobiliario detrás del delito de la usurpación de tierras

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Diversas fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com en las últimas semanas ratificaron la situación de inseguridad física y jurídica que se vive ante las usurpación de tierras en forma organizada, avanzando sobre terrenos privados en áreas urbanas y rurales, y que no encuentran respuestas en la Justicia con una orden de desalojo.

 

 

 

 

Con las usurpaciones organizadas que fueron reflejadas en distintas provincias argentinas, en Misiones esta es una problemática que también está presente y avanza además sobre el recurso natural, con quemas y apeo de árboles nativos en reservas privadas y lotes rurales, principalmente en localidades de la centro y norte, como Oberá, San Vicente, El Soberbio, San Pedro, Bernardo de Irigoyen y Eldorado, por mencionar algunas. Las denuncias serían constantes, pero los desalojos demoran en exceso o nunca llegaría la medida judicial solicitada.

 

 

 

 

Hace unos 20 días atrás, un empresario de 2 de Mayo que tiene un Lote en la zona de Ruta 18, en San Pedro, de una superficie de 1.500 hectáreas y lindante al Parque Provincial Urugua-í, denunció ante la Justicia la usurpación en su propiedad de un grupo de personas desconocidas. El Lote K16 tiene bosques nativos y selva en regeneración, y se encuentra en proceso de donación a la provincia para la creación de un nuevo Parque Provincial. Su conservación permitiría la conexión de la masa boscosa con el parque Urugua-í. El sitio presentaría un ecosistema rico en biodiversidad y representativo de la Selva Misionera, «cuenta con un bañado grande lleno de orquídeas y estiman -por los registros hallados- que habría un nido de Harpía, águila en peligro de extinción», relatan fuentes cercanas a la propiedad.

 

La usurpación del lote ahora es una amenaza sobre el área natural. “La usurpación fue organizada, ya que  fueron trasladados en vehículos con sus pertenencias hasta el lote en cuestión, que no es de fácil acceso. El propietario denunció también la situación ante el Ministerio de Ecología y solicitó su apoyo para lograr que los desconocidos abandonen el lugar”, señalaron fuentes consultadas.

 

Esta situación fue confirmada por el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Mario Vialey. “Es así, realmente preocupa estas situaciones, que se presentan todo el tiempo, y desde el gobierno no lo vamos a permitir. Estamos en pleno proceso de investigación en el caso denunciado en el lote de San Pedro, ya que ingresaron personas que fueron trasladadas hasta el lugar por un desconocido, que los engañó, les pidió que “cuiden su propiedad”, cuando ni siquiera es propietario. Les propuso a cambio que le cedería unas 600 hectáreas de lote intrusado como pago por el cuidado. Todas mentiras. Es una estafa, es un delito, utilizan a las personas vulnerables y con escasos recursos, por lo que hay que encontrar quiénes son los que están detrás de estas maniobras. Aquí hay una organización, y tenemos que dar con ella, no podemos permitir que siga sucediendo”, expresó el ministro de Ecología.

Inspección de Ecología y Policía en un lote privado de San Pedro que fue usurpado hace 20 días

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según trascendió, en primer lugar estas personas habrían expuestos a personal del propietario documentación apócrifa firmada por supuestas autoridades policiales de Dos Hermanas que los “avalarían” para la ocupación del terreno.“Hace más de 10 días de esta situación, y desde el primer momento nos presentamos en la Justicia, pero la usurpación continua”, admitió una fuente.

 

Todos los días están llegando los guardaparques con una recorrida hasta el terreno, para explicarles a este grupo de personas que deben abandonar el lugar. “El Lote tiene dueño, y no es justamente del hombre que los trasladó hasta el lugar. Además, está en proceso de ser un parque provincial, no pueden cortar árboles, ni quemar ni hacer leña. Pero la gente sigue ahí”, indicaron.

 

Informe Especial: En Misiones hay un negocio inmobiliario detrás del delito de la usurpación de tierras

 

Se observa en la foto la indigencia en la que viven los intrusos y el vehículo, que pertenecería a la persona que le brinda apoyo logístico para ingresar al terreno: traslados para «instalarlos» en el lote, alimentos, etcétera.

 

Estas usurpación estaría relacionada con la misma persona que ya habría usurpado tiempo atrás la reserva privada Tomo, en Santiago de Liniers, Eldorado. “Es una situación que nos supera porque los intrusos amenazan de muerte y son capaces”, manifiestan con temor. Todo está en un proceso de investigación.

 

Por otra parte, trascendió también que en Fracrán, San Pedro, a fines de la semana pasada se habría registrado una usurpación organizada de unas 20 familias que invadieron unas 45 hectáreas que serían propiedad del IPRODHa.

 

Y en Dos Hermanas, Bernardo de Irigoyen, en una propiedad privada se registró una usurpación masiva de 60 familias en las últimas semanas, según mencionó el propio ministro de Ecología, Mario Vialey en una entrevista con Radio Libertad. En ese contexto, el funcionario planteó que “no hay que confundir a la gente, la usurpación es un delito, y la regularización de una ocupación histórica de tierras es un derecho que el Estado debe acompañar en ordenar. Lo que no se avalará son nuevas usurpaciones”.

La imagen de la intrusión: quemas y rozados en áreas de bosques nativos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las situaciones que se viven frente a este complejo problema, señalaron un caso en San Vicente. «Se usurparon dos manzanas en forma total y organizada. El lote estaba alambrado, había un policía cuidando, es decir, contaba con personal asignado a su cuidado. Sin embargo, «mandaron» a varias mujeres jóvenes y embarazadas, se metieron por el alambrado. Primero colocaron tocones, después carpas, llevaron a sus hijos más pequeños, de 6 y 8 años, y así fueron ocupando ilegalmente el predio hasta que van los hombres que son los que están detrás de esta operación”, relató un abogado del fuero local que litiga en la justicia para que su cliente recupere su terreno.

 

Consideró que muchas veces utilizan a las personas con la excusa de la necesidad de viviendas. «Es una metodología la de utilizar a las familias vulnerables de «escudo» para ingresar al terreno y después así evitar los desalojos. La Policía no irá contra esa gente, y quienes están detrás de estos delitos lo saben. Tampoco los jueces van a dictar el desalojo a pesar que la ley lo indique, ya que no quieren un problema social y político. No hay un criterio único jurídico para proceder ante los pedidos de orden de desalojo”, explicó respecto a la complejidad jurídica vigente para encontrar con celeridad una solución al problema del propietario.

 

“Muchas veces, no llega nunca la orden judicial, y el conflicto social queda instalado. En ese tiempo, lo que suele pasar es que de una carpa, los intrusos pasan a colocarse un techo, baño, luz y agua. Y a los pocos meses comienzan a pasar el terreno a otras manos, o venden las “mejoras” realizadas en la propiedad ajena. Papeles apócrifos abundan. Venden terrenos usurpados. Por seguridad física, el propietario no va a confrontar con el intruso, seguirá denunciando su problema ante la Justicia. Realmente es terrible lo que sucede, mucha impotencia. La gente que está organizada con la intencionalidad del negocio de venta de tierras de poca monta, no la sacan más”, expresa con frustración otro abogado que tiene el desafío de litigar sobre causas de usurpación ante la Justicia misionera en la zona del Alto Uruguay.

 

Ocupación, intrusión, y usurpación de tierras

 

 

Hay que diferenciar el delito de usurpación organizada de tierras que se está registrando en los últimos años de manera alarmante, de las situaciones históricas de cientos de familias de Misiones que desde hace décadas esperan por la regularización de ocupación de tierras que se dio en un proceso y un contexto de otra época, y con otras realidades. Estas familias misioneras están en un proceso de adjudicación de viviendas en la provincia, registradas e incluidas en un programa de regularización de tierras.

 

Respecto a la figura de Usurpación, el Código Penal establece en el artículo 181 que: “Será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien despojare a otro de la posesión o tenencia de un inmueble cuando ese despojo sea por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. El delito puede materializarse invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Y si se dan estos requisitos, basta con que el despojo sea parcial para que exista delito”.

 

Sin embargo, aún “es cultural” en municipios que un terreno usurpado “pase de una mano a otra”, un tío, un primo, un hermano, sin necesidad de contar con los “papeles” en regla.

Incluso, por internet venden desde Buenos Aires tierras en El Soberbio “sin papeles”, y a través de Mercado Libre. Así lo ofrecen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acostumbra también en esta metodología a usurpar un terreno y vender el lote incluso como «negociación» del conflicto con el propio dueño, y con un «recargo» por la “mejora” realizada durante su ocupación ilegal. Es considerada una “inversión” por el intruso. Cuanto más mejoras, más cotizan después para la venta del terreno. Y es una condición para irse que se le impone al propietario. «Esto sucede, desde hace muchos años», repiten los propietarios consultados que residen en la provincia.

 

El caso más emblemático en Misiones es el Plan Arraigo y Colonización, que terminó después de varias décadas de conflictos por intrusión ilegal y dilataciones en la expropiación de tierras a los propietarios, en constituirse como un municipio: Pozo Azul. Fue después que las familias históricas iniciaran una lucha organizada por la tenencia legal del espacio que ocupaban. Llegaron a ser alrededor de 90 mil hectáreas y aproximadamente 70 familias.

Primero, en 2004 lograron la sanción de la ley de Arraigo y Colonización que involucró alrededor 60 mil hectáreas y mediante el cual muchas de esas familias lograron la tenencia de la tierra.

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, los propietarios o dueños se enfrentan a pérdidas económicas y conflictos sociales. Por la particularidad de terrenos con áreas naturales de alto valor de conservación y con bosques nativos en Misiones, crece la preocupación por los daños ambientales que los intrusos provocan en el sitio y su amenaza sobre la biodiversidad.

 

 

 

El déficit habitacional existe y esta profunda y compleja problemática social de necesidades básicas es una realidad, la polémica es la «metodología» y los delitos detrás de casos de usurpaciones de tierras.

 

 

Pero la agenda mediática nacional en la actualidad plantea otro fenómeno de «toma de tierras» organizadas. Expone un uso y manipulación política del conflicto, donde incluso pretenden instalar que “la usurpación de tierras no es delito, es una necesidad”.  Y donde nace una “necesidad”, nace un “derecho”, justificó Juan Grabois frente a la toma de tierras organizadas en Buenos Aires o provincias patagónicas.

 

 

En Río Negro, los vecinos de El Bolsón se revelaron ante la toma de terreno de un grupo de 116 familias que usurparon hace más de 15 días unas 60 hectáreas de la reserva forestal del INTA en un lugar de reconocimiento turístico. A los pocos días, se registraron ventas de algunos lotes tomados que eran ofrecidos por internet. Un juez federal rechazó el planteo solicitado por el gobierno provincial para una orden de desalojo, y le intimó al Estado Nacional, Provincial y Municipal a que en 15 días resuelvan la relocalización o alojamiento para las familias.

 

 

DETRÁS DE LA USURPACIÓN ORGANIZADA HAY UNA METODOLOGÍA, ES UN NEGOCIO INMOBILIARIO”

 

 

 

 

Las usurpaciones organizadas de los últimos meses se caracterizan por la participación de grupos de familias, niños, jóvenes y mujeres embarazadas, como “escudo humano” que impida la actuación de la Justicia o la Policía cuando deben proceder a una orden de desalojo. “Son muy pocas las veces que se logra que un Juez otorgue una sentencia firme de desalojo y se evite así profundizar el conflicto. No hay seguridad jurídica. Desde mi experiencia, cuando se logró sobre una propiedad usurpada de 1000 hectáreas un desalojo, fue incumplible en su ejecución. ¿Cómo se hace cuando son un veintenar de familias? Nos pasó que se procedió al desalojo, con situaciones de tensión, amenazas de muerte, llantos, forcejeos. Y a las pocas horas, que se retira la Justicia y las fuerzas de seguridad, volvieron a meterse. Es terrible lo que pasa, la inseguridad jurídica a la que está expuesta el propietario en Misiones. La Justicia sola tampoco puede dar respuesta”, dijo ante la consulta de este medio, un reconocido abogado del fuero local de Eldorado.

 

 

 

 

La gravedad del conflicto es que, según explica, tienen una clara metodología para la ocupación ilegal de tierras, con un fin de lucro inmobiliario detrás. “Esto es inducido por quienes operan en negocios inmobiliarios, viven de esto. Muchas veces, la misma gente que promueve la toma de tierras después le termina comprando las “mejoras” al «usurpador» y así continua el negocio, ya que se sacaron del medio al propietario. Sí es real que muchas veces se trató de toma de tierras que nadie reclamaba por años. Pero en los últimos tiempos, se avanza a sabiendas incluso de la existencia del dueño legal, físico y jurídico del inmueble. Usurpan en forma organizada y con tomas grupales. Y no toman 5 o 10 hectáreas, para subsistir. Se apropian de 200, 500 y hasta mil hectáreas. En la Justicia hay cientos de expedientes para resolver. Y el propietario misionero, que tiene derecho sobre su propiedad, no va a confrontar con esta gente, es peligrosa. Amenaza sobre la vida de toda la familia, es gente peligrosa. De esta manera, obligan al Estado a intervenir con la excusa de reclamos sociales, y obligan al propietario a vender su propiedad al Estado para que regularice el derecho que tienen de acceder a una vivienda. Pero quien reconoce el derecho del propietario?”, apunta el abogado.

 

 

 

 

 

Finalmente, el que termina perdiendo siempre es el propietario o propietaria del inmueble. «El Estado no le paga el terreno a precio de mercado, porque considera “un acuerdo” de partes y le quita “un problema (¿?)” al privado. El mundo del revés, es terrible realmente lo que está sucediendo. Y si seguimos así, aceptando esta metodología delincuencial y extorsiva, en Misiones no quedarán áreas naturales en el futuro, porque ya están avanzando sobre los recursos naturales. Los daños ambientales que provocan los intrusos en lotes en que un privado decidió conservar un poco de monte, con mucho esfuerzo pagando sus impuestos y cuidando su tierra familiar, son gravísimos también. Creo que nadie está viendo lo realmente peligroso que es todo esto”, advirtió un profesional.

 

 

 

 

 

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

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