El presidente y su gabinete siguen trabajando en medidas económicas clave, como el Decreto 101/25 que elimina restricciones sobre la comercialización de fertilizantes, un paso importante para la desregulación del sector agroindustrial.
En un contexto de intensas críticas, el presidente sigue enfocado en su agenda económica diaria, mientras se publica el Decreto 101/25, una medida clave para la desregulación de la comercialización de fertilizantes en Argentina. El decreto, firmado por el presidente, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, establece cambios significativos en la normativa vigente desde hace 50 años.
Este decreto tiene como objetivo principal eliminar las restricciones sobre la venta y el tránsito de fertilizantes no orgánicos dentro del país. A partir de ahora, cualquier fertilizante certificado en el exterior podrá ser comercializado sin necesidad de trámites ni autorizaciones adicionales. Lo más relevante, y sorprendente para muchos, es que también se libera el tránsito interno de fertilizantes, una medida que era restringida desde 1973 por la Ley de Fertilizantes 20.466, debido al posible uso del nitrato de amonio (NH₄NO₃) como precursor de explosivos.
El cambio es considerado un paso importante para el sector agropecuario, ya que la restricción, que surgió por motivos militares, incrementaba innecesariamente los costos de producción del sector. Con esta nueva regulación, solo se mantiene la restricción sobre el nitrato de amonio, pero únicamente cuando se transporten grandes cantidades, lo que permite racionalizar una norma obsoleta que, aunque sigue vigente, no era realmente aplicada ni verificada por las autoridades.
El proceso de implementación de este decreto no fue sencillo, y según explica el ministro, llevó un año completo de trabajo y negociaciones. Uno de los mayores desafíos fue determinar qué entidad sería responsable de verificar el tránsito del nitrato de amonio, ya que no existía claridad sobre quién debía encargarse de ese control. Esto pone en evidencia que, aunque existían trámites en la ley, en la práctica no se realizaba ningún tipo de supervisión efectiva.
Con esta medida, el gobierno busca eliminar costos adicionales para el sector agrícola, contribuyendo a la desregulación y modernización de una industria clave para la economía del país.
Fuente: MisionesCuatro