CAMARA DE REPRESENTANTES: Nueva prórroga a la suspensión de desalojos en Misiones

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En la última sesión de la Cámara de Representantes, desde el Bloque de la UCR votamos en contra de una nueva prórroga a la suspensión de las sentencias de desalojo por un año más en la Provincia de Misiones.

 

 

 

Desde el año 2014, la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones viene prorrogando la ley XII N° 28[1], que suspende las ejecuciones de sentencias que tienen por objeto ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a ocho (8) años, sobre predios urbanos y rurales, sean éstos fiscales o privados.

El caso es el siguiente: Hay dos partes (el propietario por un lado y el tenedor por otro) que se traban en un juicio (donde cada parte defendió su derecho); luego se dicta una sentencia (que reconoce el derecho del propietario y ordena el desalojo); posteriormente, luego de varios años de litigar, el que ganó el juicio inicia el trámite para recuperar su propiedad, pero una decisión política (la ley aprobada) suspende el desalojo impidiéndole recuperar su propiedad.

Los propietarios afectados son ciudadanos, trabajadores o colonos que recurrieron a la justicia, confiaron que el Poder Judicial les iba a brindar una respuesta que hasta el momento no llegó porque el Poder Legislativo decidió suspender su derecho.

Resulta evidente la responsabilidad del Estado Provincial que hace 7 años sancionó una ley única y excepcional para la emergencia y que, como no resolvió el problema en todo este tiempo, vuelve a prorrogarla y dilatar las soluciones de fondo.

La ley también impone al Ejecutivo una obligación (que no cumple) que es la de trabajar sobre los casos detectados para buscar una solución definitiva al conflicto, tendiendo que además informar a los diputados si se justifica o no la continuidad del régimen establecido.

El Poder Ejecutivo debe informar a la Cámara de Representantes la situación socio económica de aproximadamente 540 beneficiados con la suspensión de la ejecución de sentencias. Estos informes se deben realizar a los fines de evaluar, en base a criterios objetivos que surjan dictámenes profesionales interdisciplinarios, si se justifica o no la continuidad del régimen previsto en la presente norma. Pero nada de esto sucede.

Han pasado 7 años desde la vigencia de la ley, el problema sigue siendo el mismo y seguimos “pateando” el problema para delante. Debe intervenir el IPRODHA, Desarrollo Social, articular acciones para resolver el problema y salir de la excepcionalidad.

Debemos tener mensajes claros desde los Poderes del Estado y generar políticas públicas para solucionar el déficit habitacional de miles de familias misioneros pero con la misma vocación de reivindicar el derecho a la vivienda digna, también debemos dejar en claro que el respeto al derecho a la propiedad y la Seguridad Jurídica son requisitos esenciales para el desarrollo de una sociedad. La defensa de los diversos derechos debe ir de la mano, sin atajos, sin demagogias.

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