E​l​ Gobierno reanuda la carrera por el voto electrónico

Nacionales 17 de marzo de 2018 Por
El sistema está vigente sólo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta, de la mano de la empresa Magic Software Argentina. Este proceso, en caso que el oficialismo consiga su generalización a todo el país, representa un negocio millonario por el cual pujan diferentes empresas.
ovx6cab3flclecf6g

Luego de la victoria en las elecciones legislativas de 2017 y con la nueva conformación del Parlamento, el oficialismo reanudó su carrera para conseguir uno de los proyectos políticos más anhelados por el presidente Mauricio Macri: el voto electrónico.


Por el momento, el sistema está vigente sólo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta, de la mano de la empresa Magic Software Argentina (MSA), que provee los equipos y el software.


Este proceso, en caso que el oficialismo consiga su generalización a todo el país, representa un negocio millonario por el cual pujan diferentes empresas.


Una de ellas, Smartmatic, que desde hace unos años intenta penetrar en el panorama electoral local con sus sistemas, entró a boxes justo al inicio de la carrera, con el anuncio de su retirada de Venezuela, su principal base de operaciones y de vidriera de sus productos comiciales.

Puesta en escena


El Gobierno relanzó su movida a favor del voto electrónico el 27 de febrero, cuando en la Casa Rosada se realizó un seminario en el que se debatió sobre la implementación de un proyecto de ley que regule el financiamiento de los partidos políticos.


Impulsado por el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, el encuentro lo encabezó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y sirvió para reflotar el anhelo del Gobierno: la reforma electoral con Boleta Única Electrónica (BUE) a partir de 2019, cuando habrá elecciones presidenciales.


La iniciativa cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, pero nunca logró consenso en el Senado.

El 9 de marzo la ONG Transparencia Electoral celebró una jornada “#DemoTech, las democracias del presente y del futuro” en el Hotel Alvear Palace de Buenos Aires.


En este encuentro se abordó la implementación de tecnologías en los procesos electorales y la manera en que éstas pueden ser garantes de elecciones íntegras.


En esta reunión estuvieron el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y Pérez. El mandatario de la provincia norteña, cercano al Gobierno nacional, recordó cómo fue el proceso de implementación de la BUE en su provincia. Destacó que fue progresivo y que esto les permitió tomar los recaudos para finalmente poder cubrir a la totalidad del padrón electoral.


Resaltó las virtudes del instrumento de votación en específico, y de la implementación de tecnología en los procesos electorales en general: “Si queremos seguir teniendo un sistema representativo y que tenga algún nivel de consenso en la opinión pública, tenemos que comenzar a adoptar algún tipo de sistema electrónico”.


Por su parte, Pérez exhortó a “ir al debate de la incorporación de tecnología en los procesos electorales con mucha apertura”. El funcionario consideró que hay otras alternativas a la boleta única electrónica, que es uno de los puntos fundamentales del proyecto de reforma electoral que impulsa el Poder Ejecutivo, pero que también representan serios obstáculos.


Se refirió entonces a la boleta única en papel, que aunque tiene grandes ventajas en comparación con el sistema de boletas partidarias, implica un desafío en un país donde a veces se eligen hasta ocho categorías, con una oferta partidaria que obligaría a tener boletas de hasta un metro.


En esos casos sólo aparecerán los nombres, dado que son tantos candidatos que no pueden aparecer ni las fotografías ni los símbolos partidarios.


Pérez concluyó haciendo un llamado a que primero se llegue a un consenso sobre el sistema político que quieren los argentinos para posteriormente abordar los aspectos técnicos como el instrumento de votación.

En el seminario estuvo el ministro del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Tarcisio Vieira, quien repasó la trayectoria del tribunal en la tecnificación de los procesos electorales, los distintos instrumentos de votación desarrollados por este ente, y anunció que espera que para el 2022 todos los electores tengan registro biométrico.


Paúl Salazar, del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, habló sobre las soluciones tecnológicas con las que contó el ente electoral para la transmisión de las actas de escrutinio en las últimas elecciones, tanto las generales de 2017 como en el Referéndum y Consulta Popular celebrada en febrero de este año.

Destacó la aplicación móvil MYSE (Monitoreo y Seguimiento), que fue puesta en práctica el 4 de febrero, e indicó que a través de la aplicación se envían videos, audios y fotos para revisar la jornada electoral tanto en las 24 provincias del país como en el exterior.


La secretaria electoral de Salta, Teresa Ovejero, diferenció en el seminario la boleta única electrónica de Salta de la urna electrónica: la primera emite un comprobante papel que deja evidencia de que la máquina procesó las preferencias del elector de manera correcta.


De hecho, indicó que, para dar mayor confianza en el sistema, en la provincia se hace el recuento del 100% de los votos, y nunca se ha encontrado una diferencia.

Hubo un panel donde expusieron,, por el lado de los proveedores, Eduardo Correia de Smartmatic y Alejandro Assis por la empresa Altec.

Correia reconoció que hay países desarrollados que abandonaron la tecnología en el ámbito electoral, aunque destacó que Bélgica e Italia la aplican en varias fases del ciclo comicial. No se informó desde Transparencia Electoral si el ejecutivo mencionó el caso venezolano, aunque no le habría convenido hacerlo.


Fuera de la banquina en Venezuela


El país gobernado por el chavismo era la principal vidriera de Smartmatic, que lo exponía como su caso de éxito en la región. Y aunque en 2017 esta compañía fue seleccionada por la Cámara Nacional Electoral argentina para validar la identidad de votantes durante las primarias abiertas realizadas en agosto, y las elecciones legislativas de octubre, su reputación quedó en entredicho y cuestionada justo un día antes de la participación de la empresa en el seminario de Transparencia Electoral.

Esta empresa reconoció el 6 de marzo el cese de sus operaciones en Venezuela luego de trabajar durante 15 años, periodo en el que asistió 14 elecciones.


En un comunicado la firma admitió que luego de que declarara en público que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano había anunciado resultados diferentes a los reflejados por el sistema de votación durante las elecciones a la asamblea nacional constituyente (ANC), se produjo una ruptura inmediata de la relación cliente-proveedor.


Tras el incidente, Smartmatic no participó en las dos últimas elecciones realizadas por el chavismo. “Como la empresa no participó en estos procesos, y dado que los productos de la compañía no están cubiertos por la garantía y no fueron certificados para esas elecciones, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni puede certificar la exactitud de los resultados”, intentaron explicar.


Con esta decisión, el principal argumento que tenía este proveedor de tecnología electoral dio una muestra de debilidad frente a sus competidores.


El nombre de esta compañía consiguió relevancia y repercusión internacional cuando directivos de la propia firma encargada de computar los votos de la última elección constituyente en Venezuela pusieron en duda los datos de participación electoral que difundió Nicolás Maduro.


La primera participación de esta firma en procesos electorales fue en 2004, en el referendo revocatorio realizado en Venezuela, donde Hugo Chávez obtuvo un 58% de votos favorables.


Smartmatic había recibido siete meses antes un préstamo del gobierno chavista por u$s200.000, según reveló un artículo del New York Times. Luego, por los tres primeros contratos con facturó 120 millones de dólares.


También recibió otro aporte financiero de u$s150.000 de la esposa de Didalco Bolívar, ex gobernador del Estado de Aragua, a través de la empresa Bizta —creada por Anzola, también en Delaware, un día después que Smartmatic.


Más adelante la compañía formó un consorcio junto con Bizta y la compañía estatal de comunicaciones CANTV, cuya constitución fue notariada por Gisela Rangel de D’Armas, hija del por entonces vicepresidente de Venezuela.


Al momento de ingresar la empresa en el negocio electoral venezolano, el director del Consejo Nacional Electoral (CNE) era Jorge Rodríguez, quien luego sería vicepresidente.

Supuestos vínculos con el chavismo


En 2005, Smartmatic adquirió la empresa estadounidense Sequoia Voting Systems, con la intención de ingresar a ese mercado.

Sus presuntos vínculos con el chavismo despertaron las sospechas del gobierno de los EE.UU., que quedaron reflejadas en un cable de julio de 2006 –filtrado por Wikileaks– enviado por la embajada estadounidense en Caracas.


En la filtración se afirma: “Smartmatic es un enigma. La empresa salió de la nada para llevarse un contrato multimillonario en un proceso electoral que en última instancia reafirmó el mandato de Chávez y destruyó a su oposición política”. En 2007 y luego de una investigación federal, Smartmatic debió desprenderse de Sequoia.


La empresa también abrió oficinas en Curazao, un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Hacia allí se dirigía en abril de 2008 el avión que transportaba a su cofundador Alfredo Anzola desde Caracas cuando se precipitó a tierra, lo que provocó la muerte de sus tres ocupantes.


Entre ellos se encontraba el piloto Mario José Donadi Gafaro, quién había sido condenado a tres años de cárcel en los EE.UU. y a 8 años de cárcel en Venezuela, en ambos casos por narcotráfico.


Uno de los primeros en llegar al hospital adonde fue llevado el cuerpo de Anzola fue Jorge Rodríguez. El difunto tenía una relación cercana con su hermana, Delcy Rodríguez, la flamante ex canciller venezolana que ahora preside la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.


En 2008, Smartmatic ingresó al mercado electoral de Filipinas y, a pesar de múltiples advertencias y denuncias sobre los problemas de seguridad de sus sistemas, participó de varios procesos electorales.


En junio de 2017, tres ejecutivos de la empresa y varios integrantes de la Comisión Electoral de Filipinas fueron acusados por “acceso ilegal, interferencia en los datos e interferencia en los sistemas”, sospechados de haber realizado fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2016.


Luego de establecerse en Panamá y en Barbados -otros dos paraísos fiscales-, en octubre de 2012 proveyó equipamiento de voto electrónico en la región belga de Flandes con un contrato de 40 millones de euros, pero por las fallas técnicas del sistema fue multada en más de 6 millones.


Desde el mismo año Smartmatic provee equipamiento de comunicaciones para la transmisión de resultados electorales en Brasil, y en 2014 se asoció con la empresa Cybernetica que desarrolla un cuestionado sistema de voto electrónico a través de Internet en Estonia.


Mientras tanto, en Venezuela continuaban las sospechas de manipulación electoral. Luego de las elecciones de abril de 2013, en las que Maduro se impuso a Henrique Capriles por menos de 235.000 votos, el nuevo presidente venezolano declaraba por cadena nacional: “900.000 compatriotas, ya los tenemos, con cédula de identidad y todo… Y eso, significó que la brecha fuera más corta”.


Interrogantes electorales


A las dudas que genera el sistema de voto electrónico de Smartmatic respecto de la violación del secreto y de la posible adulteración de resultados, se suman los riesgos del sistema de identificación biométrica por huellas digitales de la misma empresa.


La registración de cada votante es informada en tiempo real a un centro de cómputos, de manera que el Gobierno podría disponer de dicha información para optimizar el manejo de su sistema clientelar, incluso decidiendo en qué establecimientos prolongar la votación si fuese necesario.


Smartmatic desembarcó en la Argentina en enero de 2015, presentándose a la licitación 2/SIGAF/2015 del Gobierno porteño para proveer el sistema de voto electrónico denominado “boleta única electrónica”.


Su propuesta se vio perjudicada por no contar aún con la inscripción en la AFIP y la radicación de un domicilio en la Argentina, y fue adjudicada a la empresa Grupo MSA. Entonces, Smartmatic presentó una apelación que fue desestimada por la Justicia.

IP Profesional